• .    2025, "Año de la Mujer Indígena".

Iniciativas presentadas y estatus ante el Pleno
Tipo de presentación Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes
Iniciante 2 0 0 0 0 2
TOTAL 2 0 0 0 0 2
 

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS TRÁMITE EN EL PLENO
1   Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Iniciante: Vázquez Ruíz Miriam de los Angeles (MORENA)
Fecha de presentación:
16-Julio-2025

  - Puntos Constitucionales
Con Opinión de  - Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
Establecer que el Estado garantizará la seguridad hídrica integral del país, como condición y principio para el ejercicio pleno de este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Pendiente


Publicación en Gaceta:
22-Julio-2025
2   Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se reforma la Ley de Instituciones de Crédito, se adicionan la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.


Iniciante: Vázquez Ruíz Miriam de los Angeles (MORENA)
Fecha de presentación:
20-Agosto-2025

  - Atención a Grupos Vulnerables
Precisar la definición de atención integral como la satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas, financieras y espirituales de las personas adultas mayores, para facilitarles una vejez plena y sana, considerando sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres, lenguaje y preferencias; y agregar la definición de accesibilidad como el conjunto de medidas, principios y criterios que garantizan que las personas adultas mayores puedan acceder y utilizar, en igualdad de condiciones, los entornos físico o digitales, transportes, bienes, productos, servicios, tecnologías de la información y la comunicación, así como cualquier otra instalación o infraestructura abierta al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, de forma autónoma, segura, sencilla y cómoda. Incluir como un tipo de violencia contra las personas adultas mayores la violencia institucional, definida como aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que, de forma directa o indirecta, generen maltrato, abuso, daño o sufrimiento al desatender las necesidades singulares de las personas adultas mayores, al discriminar, utilizar prejuicios o estereotipos negativos sobre la vejez, o tener como fin vulnerar su dignidad, así como dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de sus derechos humanos, libertades fundamentales y el acceso a programas o políticas públicas. Proporcionar a las personas adultas mayores una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público, con personal capacitado, tecnologías de información y comunicación con accesibilidad y diseño universal que elimine las barreras del entorno digital, mecanismos flexibles en procesos de identificación y verificación de identidad, así como la oferta de alternativas no presenciales a través de canales multimodales para la realización de trámites. Garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral, inclusión financiera y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez y establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro, proporcionando protocolos de atención específicos con personal capacitado para su implementación, tiempos de espera y duración de los trámites no excesivos ni extenuantes, infraestructura, mobiliario, equipo adecuado y tecnologías de información y comunicación con accesibilidad y diseño universal, así como con los recursos humanos necesarios para que realicen procedimientos alternativos y no presenciales en los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad o cuando su condición así lo requiera. Obligar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la supervisión y la protección de los usuarios de servicios financieros, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mismas a las que se les faculta para requerir a las instituciones financieras la presentación de reportes periódicos que documenten sus avances en materia de inclusión financiera y accesibilidad para personas adultas mayores y con discapacidad, mismos que deben incluir métricas detalladas sobre el uso de canales alternativos, las quejas recibidas por inobservancia de la normativa de atención preferente y los programas de capacitación implementados para el personal y a promover que las instituciones financieras diseñen productos y servicios que sean sencillos, claros y adaptados a las necesidades de los adultos mayores, evitando la complejidad que pueda llevar a la exclusión. Pendiente


Publicación en Gaceta:
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